Evidentemente los retos en materia ambiental
son más sociales que adjudicables al comportamiento imprevisto de la naturaleza
en los últimos años. Son los seres humanos quienes no se han puesto de acuerdo
en cómo tratar al medio ambiente, quizás lo más difícil que existe sobre la
Tierra es hacer que los hombres se entiendan. El desarrollo no sostenible, el
uso indiscriminado de los recursos ambientales, la deficiente educación
ecológica, la improvisación, el incumplimiento de la planificación y la
ineficiente gestión ambiental hacen de los Derechos Humanos Ambientales en
Venezuela un tema vulnerable, son los habitantes y las generaciones futuras los
principales afectados.
Los derechos ambientales son precisamente
para garantizar la calidad de vida y la dignidad del ser humano, sin bien son
difusos porque son sociales o colectivos nos afecta particularmente de forma
directa. El bien tutelado es la naturaleza y sus (ya no tan) infinitos
recursos; el titular del derecho es la
persona humana (nosotros), no obstante somos los humanos precisamente quienes violamos
constantemente nuestra propia norma en detrimento de nuestro bienestar.
Por ello tan importante es la educación
ambiental y ecológica sobre aspectos tan básicos como el reciclaje, la correcta
colocación de la basura, el uso prudente de los vehículos, sembrar, no talar,
entre tantos otros.
Los Derechos Humanos Ambientales son
progresivos, pueden cambiar para garantizarse su efectividad. No solo las
normas y los tribunales son los encargados de hacer valer el espíritu y fuerza de
la legislación, el derecho natural a preservar el bien más preciado de la
humanidad después de la vida y la libertad trasciende la norma escrita. La
sociedad civil (grupo de personas que ejercen acciones sociales), la empresa y
los particulares tienen su cuota-parte de responsabilidad, por ello poseen el
deber y el derecho de actuar para mantener el equilibrio ambiental.
El gran reto del derecho humano en esta materia es hacerse efectivo, la tarea no debe
convertirse en una entelequia. Las políticas públicas en materia de gestión
ambiental y la planificación ambiental deben indiscutiblemente tomar en cuenta
la empresa privada, principalmente las industrias contaminantes (generadoras de
externalidades negativas) con el fin de establecer trabajos de cooperación,
conjuntamente con las comunidades y sus distintas formas de organización.
La economía es el pilar del estilo de vida,
no es cuestión de destrozar el sistema productivo sino hacerlo ecológicamente
más eficiente. Mientras existan políticas (o ausencia de
estas) desacertadas, anacrónicas, obsoletas, ineficientes o simplemente de papel, habrá vulnerabilidad
de los Derechos Humanos en materia ambiental. Cuando el Estado de respuesta
efectiva, diligente y oportuna sobre los problemas ambientales planteados los
retos serán otros. En la actualidad en Venezuela los derechos ambientales a
pesar de estar reconocidos por la norma estatutaria (o escrita) estos se encuentran
en transgredidos constantemente.
Por: Abg. Marcel López.
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