lunes, 1 de julio de 2013, 2:35 p. m.
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| Porto Alegre, Brasil. |
La
crisis ambiental global es un tema de preocupante relevancia desde mediados de
la década de 1960. El modelo económico y socio-político basado en la
industrialización y el consumo a escalas nunca antes experimentas en la
historia humana, hacen replantear las alternativas de sustentabilidad y
sostenibilidad del desarrollo.
La consiguiente gama de posibles vías de solución
trastocan desde la estructura cultural hasta la innovación tecnológica para
aprovechar de mejor manera los recursos naturales, en vista de elevar la
calidad de vida y el bienestar social de las distintas naciones.
El
sobrecalentamiento global, la contaminación, la deforestación, la ganadería
industrializada, el uso de energías fósiles (no renovables), entre otros, son
los principales problemas ambientales que evidentemente enfrentamos como
sociedad. Existen iniciativas públicas y privadas orientadas a revertir el
ciclo vicioso del estilo de vida occidental, en aras de afrontar el problema
sin desmejorar el confort y la equidad en el acceso a los bienes y servicios
que los seres humanos han alcanzado.
La
preocupación internacional ha llevado a la suscripción de tratados como el
Protocolo de Kioto, en un intento por disminuir las emisiones de CO2 a
la atmosfera causante de elevar los niveles de calor naturales o normales del
efecto invernadero que hacen posible la vida en la Tierra, tesis defendida por
la mayoría de los científicos y apoyada por personalidades como Al Gore; no
obstante tiene detractores como el científico danés Bjorn Lomborg quien niega
la teoría sobre calentamiento global.
Paradójicamente
Estado Unidos es el país que mayor contaminación atmosférica produce, sin
embargo fue el único que no suscribió el tratado antes mencionado. Con ello no se
quiere decir que con la simple adhesión o no a determinada normativa
internacional este resuelto el problema. Son las progresivas medidas y
políticas aplicadas las que darán efectividad a los compromisos adquiridos por
las naciones en el ámbito internacional o, a los acuerdos socio-políticos
internos, he aquí los verdaderos desafíos.
Las
políticas públicas factibles y efectivas en esta materia son capaces de
conjugar la acción del Estado, la responsabilidad empresarial y la iniciativa de las comunidades o sociedad civil. Los desafíos en materia ambiental están
enmarcados evidentemente en hacer efectivas y eficientes las distintas
propuestas de acción colectiva que buscan corregir el impacto ambiental
negativo no solo de las actividades económicas sino también del estilo
domestico de vida.
En
Venezuela la Constitución Nacional prevé en sus artículos 127, 128 y 129 el
derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; congrega
igualmente la obligación del Estado en garantizar el uso y aprovechamiento
sustentable y sostenible de los recursos naturales y su protección para las futuras
generaciones. En ese sentido, el ordenamiento jurídico interno cuenta con la Ley
Orgánica del Ambiente y la Ley Penal del Ambiente.
Como
bien es conocido, la producción petrolera es la base económica del desarrollo
nacional. La extracción, refinación, almacenamiento y comercialización de esta
energía fósil -no renovable- acarrean elevados riesgos ambientales, humanos y
materiales. Como prueba de ello se puede observar el fenómeno de "la lemna" en el
Lago de Maracaibo (que afecta habitantes de la costa del Lago y sus pescadores
artesanales), la explosión en el Complejo Refinador Paraguaná -Amuay- (con un
saldo de más cuarenta fallecidos en la ciudad de Punto Fijo) o el derrame en el
río Guarapiche, del estado Monagas (dejando por meses sin suministro de agua
potable a la ciudad de Maturín). Otros
ejemplos más cercanos fueron la deforestación del parque nacional Médanos de
Coro para la construcción de viviendas y de la reserva de
Monte Cano para la construcción de una "cancha comunal". En todo el estado Falcón
existen casos de inadecuada ubicación de los vertederos de basura así como de
recolección de la misma.
Los
verdaderos desafíos no están planteados solo desde la norma escrita, los derechos humanos son progresivos deben cambiar de acuerdo a las continuas exigencias socio-culturales y cambios político-económicos. La verdadera tarea es hacer efectiva la norma para que los
ciudadanos puedan exigir con legitimidad el cumplimiento de la misma frente a
los órganos del Estado, para ello es necesario involucrar el sector empresarial, a los
ciudadanos y a los expertos en la materia.
- Desarrollo sustentable y sostenible como alternativa
ecológicamente viable:
La
sostenibilidad se refiere al hecho de que el Estado y la sociedad puedan
financiar, aportar y realizar actividades, propuestas, planes o proyectos a
largo plazo con el menor riesgo ambiental y de manera que el futuro los
recursos puedan ser reusados o no hayan sido agotados. Mientras que la
sustentabilidad es relativa a la capacidad por si misma de la acción, propuesta
o plan de desarrollarse de forma auto-gestionada y con rendimientos positivos
igualmente con el menor costo ambiental posible para su perduración en el
tiempo.
El desarrollo sustentable y
sostenible se plantea como una alternativa con visión de futuro progresista, es una
propuesta socio-económica ecológicamente acertada. El desarrollo sostenible
exige nuevas pautas de producción que sigan una filosofía económica descentralizada.
En este sentido, se debe tomar en consideración los intereses de los inversores
y de los pobladores locales con el apoyo técnico y la fuerza del Estado.
El ahorro
energético, es otro de los problemas del desarrollo. Conteniendo el consumo de
energía y apostando por las energías renovables se haría el cambio. La
tecnología podría tener un impacto económico importante, en especial, si esta
puede ser accesible para los sectores más pobres.
Debe tomarse en cuenta las
necesidades básicas y formar una ciudadanía ecológica. No todos pueden consumir
a los mismos niveles. Las personas de menos recursos no podrán consumir igual
que aquellas con mayores capacidades adquisitivas. Por lo tanto, como respuesta
se busca reducir el consumo de aquellos sectores sociales que tienden a
consumir más y para esto deben subir los costos de producción, lo que implica
el costo de los derechos laborales y los derechos sociales. La ecología es una
herramienta para la lucha eficiente contra la pobreza, ya que no busca
reproducir los patrones de consumo en los sectores pobres.
Las empresas tienen una responsabilidad adicional con relación a los
temas ambientales. Actualmente hay una tendencia de incorporar las cuestiones
ambientales en las decisiones económicas. Ello se explica en que la consciencia
ecológica ayuda a mejorar la imagen de la empresa e incrementa la demanda de
sus productos o servicios. Además, existen nuevos productos, mercados y la
eco-innovación que pueden favorecer el desempeño económico de la empresa. Es
decir, la modernización ecológica beneficia a la empresa. En esta línea, se
debe procurar el crecimiento, la estabilidad y el respeto por el medioambiente.
Sin embargo, los esfuerzos realizados por las empresas hasta ahora no
son suficientes. Es necesario que asuman ciertas externalidades negativas (en
economía, consecuencias o efectos no deseados de las actividades empresariales)
como los costes ambientales, los derechos sociales y laborales. Por ello es
necesario un Estado o una institución pública que sea ecológica y que tenga
recursos y voluntad para ayudar a los productores.
Como alternativa al
encarecimiento, se propone apostar por el principio de eco-eficiencia.
Simplemente, producir con menos recursos a precios más competitivos y por lo
tanto más rentables, que a su vez pueden resultar en el incremento de la
demanda y la producción.
Es necesario también adoptar un enfoque preventivo eliminando los
contaminantes no solo los desechos sólidos, líquidos y gaseosos sino también el
uso indiscriminado de agro-tóxicos, transgénicos y demás productos químicos en
la agro-industria causantes de la salificación de los suelos y graves
enfermedades en consumidores y campesinos. Las leyes en este sentido deberían
ser mucho más rígidas y contundentes acompañadas de medidas públicas más efectivas.
Desplazar el daño una vez causado solo desplaza la responsabilidad y no
soluciona el problema en su totalidad. Así, el problema se desplaza, la
reparación tiene un costo que debe ser asumido por alguien y, a veces, los
daños son irreversibles. Cuando el daño está por encima del punto de
reparación, la vinculación con los derechos humanos de los pobladores locales
es clara.
Sofía Bordenave y Romina
Picolotti (2002) en su informe sobre los Derechos Ambientales presentando en la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalan los 4 aspectos principales
a considerar en un modelo político de desarrollo sostenible con perspectiva
ecológica: “a) los principios políticos en los que
descansan las políticas ambientales tienen que ver con la consolidación de las
instituciones y proponer al desarrollo sostenible como una idea transversal en
las políticas sectoriales; b) el refuerzo de los mecanismos internacionales de
gestión ambiental pueden fomentar el bio-regionalismo y la cooperación al
desarrollo, c) invertir en ciencia y, a la vez, desarrollo para el
medioambiente, y, d) promover la conservación de los ecosistemas y establecer
políticas sociales que luchen contra la pobreza.”.
El
modelo alternativo de desarrollo sostenible y sustentable debe ser de carácter
transversal, por ello aplicado en todos los diseños y ejecuciones de políticas públicas. Del mismo modo es
importante considerar los criterios de conservación de los ecosistemas,
fomentando la cultural ambiental y fortaleciendo el protagonismo de los
habitantes locales afectados.
Próximo tema: Justicia y tutela ambiental en Venezuela...
Por: Abg. Marcel López
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