¡En defensa de los manglares!

Paraguaná. 15 de Junio de 2013.

Nuevamente el amanecer sabatino del oeste de la península es testigo de la movilización ambientalista en las calles de Punto Fijo de la mano de los colectivos ecologistas de la zona y diversos grupos organizados con el propósito de generar conciencia en la comunidad; esta vez la consigna fue defender la “Laguna de Guaranao”, ecosistema ubicado en las adyacencias del puerto marítimo homónimo, la cuál se caracteriza por poseer el humedal urbano más grande de Latinoamerica y uno de los bosques de mangle más importantes a nivel nacional, el cuál actualmente se ve amenazado por los planes de intervención con fines comerciales en la zona y por la negligencia de las autoridades que día con día hacen caso omiso a los múltiples llamados de atención a causa del grado de contaminación que presenta la laguna.

La movilización consistió en una marcha que partió desde las 7:00 am desde la Avenida Jacinto Lara y terminó en una cadena humana en la avenida principal de Punto Fijo, aproximadamente a las 12 del mediodía, justo frente al monumento natural en cuestión. La invitación y organización del evento estuvo a cargo de la Asociación Ecologista por el Ambiente (AEPA) Falcón y su Coordinador General Henderson Colina.

La asistencia contó con la participación de diversas instituciones como: Scouts del Estado Falcón, alumnado de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Falcón (UDEFA), Cooperativa de Trabajadores Educacionales de Paraguaná (COTRAEDUP), entre otros. Fundación SAVIA no podía dejar de hacer acto de presencia en otra de las movilizaciones, en la que se exige la defensa del patrimonio natural y en busca de la sustentabilidad del medio. Además también hizo presencia el Dr. Robert Winfield, valuarte científico y reconocido botánico y taxonomista del estado.

El recorrido estuvo lleno de entusiasmo y civismo, y a pesar de que el Instituto de Tránsito Terrestre fue informado previamente del evento, los funcionarios hicieron presencia sólo en los últimos tramos de la caminata, lo cuál causó ciertas dificultades en la logística pero no amilanó las voluntades de cientos de voluntades montaraces, dignas de la lírica del cantor del pueblo Alí Primera.

La laguna de Guaranao es un bosque de tipo humedal de gran importancia debido a que además de fungir como ecosistema amortiguador en la zona, es paradero de varias especies de aves, entre ellas el flamingo rojo, especie que ve amenazado su ciclo vital debido a las restricciones que generaría la intervención de dicho humedal.

AEPA Falcón es una organización con amplia trayectoria, que data de más de 10 años en materia de defensa y gestión ambiental y que cuenta con el apoyo de la Red Manglar Intenacional y la Red Mundial contra la Desertificación, organismos de los que varios países, incluído Venezuela han suscrito múltiples tratados internacionales; y cuya misión radica en la protección de los espacios naturales pristinos y la disminución del daño en los ecosistemas ya intervenidos, así como también la lucha contra la deforestación.

Redacción: Josué Piña

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¡Manos a la Obra por el Planeta!

 Acción Integral de Ecologismo Comunitario

La situación ambiental global cada día se está agravando más y más. Si bien las grandes potencias e industrias son en gran medida las causantes directas de la devastación que sufre nuestro planeta, es el ritmo de vida de la sociedad el que demanda la actividad industrial que acaba con los recursos naturales y contamina los suelos, mares y la atmosfera. Los hábitos humanos cotidianos configuran la dinámica global, por lo que nosotros, los individuos y nuestro estilo de vida, somos los responsables de base del calentamiento global, de la polución de los mares, de la extinción de especies animales, de la devastación entera de bosques, y tantas otras a consecuencias de las que aún no hemos tomado consciencia real.

Con base en esta premisa, y amparados en el programa venezolano para la Gestión de Gobierno para el período 2013 – 2019 y en el marco jurídico venezolano (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; Ley Orgánica de Ambiente), la Fundación SAVIA lanza su programa Acción Integral de Ecologismo Comunitario, que invita a las comunidades a trabajar en conjunto sobre las realidades de cada localidad para contribuir a solventar las problemáticas ambientales desde lo particular hacia lo global. Además, este programa responde a la necesidad planteada por la Fundación en la primera y segunda línea de su Primer Plan Estratégico de la Labor de Activismo Ecologista-Ambientalista 2013-2015, el cual contiene los fundamentos técnicos, ideológicos y estratégicos de aplicación por la fundación para su gestión en dicho período. Dichas líneas resaltan la importancia del involucramiento social de las comunidades en la labor ecologista y ambientalista, y la formación y siembra de la educación y la cultura ambiental en la sociedad, además de promover el trabajo conjunto entre la fundación y las comunidades, consejos comunales u organizaciones comunitarias.

La dinámica de acción del programa involucra la ejecución de diversas actividades. Foros, conversatorio, talleres, saneamiento y ornato ambiental, replantaciones, promoción comunicacional alternativa y campañas ambientalistas son algunas de las actividades que la fundación propone llevar a cabo en el seno de las comunidades. Todo ello a través de una metodología de acción basada en tres etapas fundamentales: Análisis-Diagnóstico de la realidad ambiental comunitaria, Intervención-Capacitación y Seguimiento-Control.

Si deseas conocer más al respecto te invitamos a visualizar y descargar los siguientes documentos en formato PDF:

Fundamentos del programa ACCIÓN INTEGRAL DE ECOLOGISMO COMUNITARIO, Fundación SAVIA - Descargar

Primer Plan Estratégico de la Labor de Activismo Ecologista-Ambientalista 2013-2015, Fundación SAVIA – Descargar

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Los más pequeños… ¡reciclando!

La Fundación SAVIA, siempre comprometida con la educación ambiental, llevó a los más pequeños de la comunidad de Zambrano la cultura ecologista y, a través de un taller se les orientó sobre la importancia del reciclaje para el planeta y sobre cómo transformar los recursos aparentemente desechables en hermosos adornos para sus habitaciones, aula de clases o para obsequiar.

En el marco de la ejecución del proyecto escolar sobre Reciclaje y Ecología que llevan a cabo los 19 niños y niñas del 6to grado de la Unidad Educativa “Aquiles José Romero” en la parroquia Guzmán Guillermo del municipio Miranda, estado Falcón, por medio de la invitación que hiciesen los maestros responsables del proyecto, Ildemar Marzal y Régula Yoeli, la Fundación SAVIA se dirigió hasta el lugar para interactuar y compartir experiencias con los jóvenes sobre el ambientalismo, el reciclaje y su importancia para la preservación de nuestros preciados recursos naturales. Además se les orientó en la fabricación ecológica de adornitos de búhos y lechuzas hechos a partir de cartón reciclado, donde ellos pudieron escribir valores humanos que los identifican, su propio nombre o el nombre de la persona a quien se lo obsequiarían.

Esta fue la primera de una serie de actividades que SAVIA tiene programadas para dicha comunidad y que son tomadas como una experiencia piloto para la Fundación en cuanto a la implementación de un programa especial de acción ecologista con las comunidades que pronto estará anunciando.

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Una Alternativa más pragmática que romántica. Serie: Desafíos Actuales de los Derechos Humanos Ambientales 4/4

Evidentemente los retos en materia ambiental son más sociales que adjudicables al comportamiento imprevisto de la naturaleza en los últimos años. Son los seres humanos quienes no se han puesto de acuerdo en cómo tratar al medio ambiente, quizás lo más difícil que existe sobre la Tierra es hacer que los hombres se entiendan. El desarrollo no sostenible, el uso indiscriminado de los recursos ambientales, la deficiente educación ecológica, la improvisación, el incumplimiento de la planificación y la ineficiente gestión ambiental hacen de los Derechos Humanos Ambientales en Venezuela un tema vulnerable, son los habitantes y las generaciones futuras los principales afectados.

Los derechos ambientales son precisamente para garantizar la calidad de vida y la dignidad del ser humano, sin bien son difusos porque son sociales o colectivos nos afecta particularmente de forma directa. El bien tutelado es la naturaleza y sus (ya no tan) infinitos recursos;  el titular del derecho es la persona humana (nosotros), no obstante somos los humanos precisamente quienes violamos constantemente nuestra propia norma en detrimento de nuestro bienestar.

Por ello tan importante es la educación ambiental y ecológica sobre aspectos tan básicos como el reciclaje, la correcta colocación de la basura, el uso prudente de los vehículos, sembrar, no talar, entre tantos otros.

Los Derechos Humanos Ambientales son progresivos, pueden cambiar para garantizarse su efectividad. No solo las normas y los tribunales son los encargados de hacer valer el espíritu y fuerza de la legislación, el derecho natural a preservar el bien más preciado de la humanidad después de la vida y la libertad trasciende la norma escrita. La sociedad civil (grupo de personas que ejercen acciones sociales), la empresa y los particulares tienen su cuota-parte de responsabilidad, por ello poseen el deber y el derecho de actuar para mantener el equilibrio ambiental.

El gran reto del derecho humano en esta  materia es hacerse efectivo, la tarea no debe convertirse en una entelequia. Las políticas públicas en materia de gestión ambiental y la planificación ambiental deben indiscutiblemente tomar en cuenta la empresa privada, principalmente las industrias contaminantes (generadoras de externalidades negativas) con el fin de establecer trabajos de cooperación, conjuntamente con las comunidades y sus distintas formas de organización.

La economía es el pilar del estilo de vida, no es cuestión de destrozar el sistema productivo sino hacerlo ecológicamente más eficiente. Mientras existan políticas (o ausencia de estas) desacertadas, anacrónicas, obsoletas, ineficientes o simplemente de papel, habrá vulnerabilidad de los Derechos Humanos en materia ambiental. Cuando el Estado de respuesta efectiva, diligente y oportuna sobre los problemas ambientales planteados los retos serán otros. En la actualidad en Venezuela los derechos ambientales a pesar de estar reconocidos por la norma estatutaria (o escrita) estos se encuentran en transgredidos constantemente.

Por: Abg. Marcel López. 

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Iniciativas ciudadanas y propuestas de acción colectiva. Serie: Desafíos Actuales de los Derechos Humanos Ambientales 3/4

Las iniciativas ciudadanas están consagradas en la Constitución Nacional en su artículo 62, es el derecho que tiene la sociedad civil organizada de proponer soluciones, proyectos y normas a los órganos del poder público sobre las materias o hechos que atañen la vida en sociedad. Distintas son las actuaciones de los Concejos Comunales, los órganos del llamado poder popular son entidades de gobierno no formas asociativas de sociedad civil. La Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 4  establece la corresponsabilidad entre el Estado, sociedad y personas en la gestión ambiental, igualmente indica en su artículo 23 la obligación del Estado en consultar a la ciudadanía y difundir los planes ambientales.

En ese orden de ideas la educación ambiental como medio para la transformación de la sociedad para la cultura ecológica está contemplada en el artículo 34 al 38 de la Ley espacial referida. La participación ciudadana se sigue desarrollando en el aspecto legal desde los artículos 39 al 44 de ésta Ley. Es preciso citar el Artículo 39: “Todas las personas tienen el derecho y el deber de participar en los asuntos relativos a la gestión del ambiente”. Los ciudadanos tienen el derecho de hacer propuestas de políticas públicas, planes y proyectos relativos a la conservación ambiental así como los pueblos indígenas.

Existe una creciente tendencia internacional y nacional en la conformación de movimientos, colectivos, fundaciones y demás asociaciones con el objeto de promover la conciencia ecologista en la sociedad así como en la realización de actividades en pro de la preservación y gestión ambiental, ellos los asiste el derecho de forma taxativa en apreciación del artículo 42 de la Ley ya mencionada la cual consagra: “Las organizaciones ambientalistas, los pueblos y comunidades indígenas, los consejos comunales, las comunidades organizadas y otras formas asociativas, podrán desarrollar proyectos enmarcados en una gestión del ambiente compartida y comprometida con la conservación de los ecosistemas, los recursos naturales y el desarrollo sustentable bajo las modalidades de la autogestión y cogestión”.

El reto de los organizaciones ambientales y ecologistas es engranar la acción, es una tarea cuesta arriba poner de acuerdo asociaciones que general y naturalmente ejercen acciones sociales de forma aislada e idealizan particularmente sus causas, las barreras que implican esos errores de las organizaciones de acción colectiva son una debilidad repetida por derribar. El trabajo en redes, la presión de calle y en los medios debe continuar en procura de posicionar cada vez más el tema ambiental y las propuestas ecológicas de desarrollo sustentable y sostenible.

Por: Abg. Marcel López. 

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Justicia y tutela judicial ambiental en Venezuela. Serie: Desafíos Actuales de los Derechos Humanos Ambientales. 2/4

El profesor de la Universidad de San Francisco, Estados Unidos Rachel Morello-Frosch (2002) mantiene el criterio de vincular la justicia ambiental con justicia social. Según el mencionado académico el asunto de la justicia ambiental ha salido a la luz pública a partir de 1980 y desde entonces ha surgido un movimiento importante en torno a ella. El grado de los impactos ambientales desproporcionados de acuerdo al grado socio-económico de una comunidad se encuentra sujeto a debate, al igual que sus causas. El aumento de las inequidades sobre la justicia ambiental ha conllevado al planteamiento de nuevas iniciativas políticas y a innovadoras investigaciones científicas. 

Por otra parte, en el marco de los derechos humanos y la institucionalidad del Estado, es éste quien está en la obligación de hacer cumplir la normativa especializada en la materia, no basta con adoptar políticas y sancionar leyes ambientales, es preciso que el sistema de justicia garantice con diligencia y sin burocratismos exabruptos procesos expeditos que sean capaces de castigar penal y civilmente a quienes sean autores de delitos contra el bien común tutelado constituido en el ambiente así como de prevenir y resguardar futuros daños ambientales de alto costo.

La Ley Orgánica del Ambiente (2007), establece el interés social de preservar el medio ambiente y sus recursos, así mismo no limita la acción en materia de implementación de proyectos al Estado, en ese sentido da derecho a los ciudadanos y asociaciones ambientalistas a participar en el diseño y ejecución de propuestas ecológicas.

La justicia formal ambiental de acuerdo con la Ley antes mencionada debe ser administrada por Tribunales con competencia especial, así como la acción penal a través de fiscales especiales del Ministerio Público. Las sanciones establecidas son de multas de hasta 10.000 U.T. y penas corporales de hasta 10 años de prisión. Igualmente el Ministerio Publico tiene la facultad de solicitar medidas cautelares como suspensión de permisos de construcción, permisos sanitarios, etcétera que si bien determinada institución del poder ejecutivo otorgó, los Tribunales de la República tienen la autoridad para dejarlos sin efecto.

En la opinión del abogado Marcel López, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del Estado Falcón y especialista en políticas públicas: 

“Si bien es cierto que el ordenamiento jurídico interno y las instituciones del Estado poseen mecanismos y recursos que sirven de herramientas de acción para los particulares y movimientos sociales ecológicos, la burocracia pública muchas veces ineficiente hace caso omiso a muchas de las denuncias que desde la sociedad se le reclama al Estado. Por otro lado la corrupción, la improvisación y los intereses mezquinos de determinados grupos de poder se entrelazan y menosprecian el tema ambiental. Un caso muy próximo fue la supuesta poda de árboles en la Avenida Manaure de Coro para una actividad de campaña electoral del PSUV, la poda fue realizada sin autorización del Ministerio de Ambiente y técnicamente fue hecha de forma inadecuada, ahora los vendedores informales, los más vulnerables, son quienes sufren las consecuencias del inclemente sol y calor. La sombra de un árbol es capaz de disminuir hasta siete grados centígrados la sensación térmica (…) Te puedo dar muchos ejemplos cercanos y tangibles sobre los desafíos que tenemos que afrontar para cuidar el medio ambiente, el garrote gorila de la improvisación y la corrupción están haciendo poco eficiente la tutela judicial en materia ambiental (…) El caso de Amuay es quizás el ejemplo más dramático y desgarrador, nunca la industria petrolera venezolana había funcionado con tanta impericia (…) no se trata de destrozar la economía o desmontar la industrialización, es hacer uso de las nuevas tecnologías ecológicas, realizar los estudios de impacto ambiental debidos, crear plantas de reciclaje, respetar los ABRES y educar en materia ambiental para modernizarnos de forma sustentable y sostenible acorde con el siglo XXI”.

Una de las formas de participación es por medio de la denuncia, son los ciudadanos quienes tienen que empoderarse de las herramientas facilitadas por la legislación para hacer vale sus derechos, a pesar de la indiferencia y la ignorancia de muchos en la materia, es justo hacer uso del  Artículo 43 de la Ley Orgánica del Ambiente la cual expresa: “Toda persona tiene el derecho y el deber de denunciar por ante las instancias competentes, cualquier hecho que atente contra un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Descentralización hacia las comunidades”. 

En ese sentido, los artículos Arts. 14, 18 y 21 de la Ley Orgánica del Ambiente indican cuales son los órganos receptores de denuncias, los cuales son: Ministerio del Ambiente, Oficina de Ambiente (Municipal o Estadal), Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Fuerza Armada Nacional. Igualmente la Ley Penal del Ambiente atribuye responsabilidad tanto a personas naturales como morales, a través de la tipificación de una serie de delitos señalados a continuación:

A.- De la Degradación, Envenenamiento, Contaminación y demás Acciones o Actividades capaces de causar daños a las Aguas: Vertido ilícito, Alteración térmica, Cambio de flujos y sedimentación, Extracción ilícita de materiales, Contaminación de aguas subterráneas, Daños a las defensas de aguas y Permisos o autorizaciones ilícitos.

B.- Del Deterioro, Envenenamiento, Contaminación y demás Acciones o Actividades capaces de causar daño al Medio Lacustre, Marino y Costero: Descargas contaminantes, Construcción de obras contaminantes, Degradación de las playas, Contaminación por fugas u descargas, Omisión de aviso, Vertido de hidrocarburos y Pesca ilícita.

C.- De la degradación, alteración, deterioro, contaminación y demás acciones capaces de causar daños a los suelos, la topografía y el paisaje: Actividades y objetos degradantes, Degradación de suelos, topografía y paisaje.

D.- Del envenenamiento, contaminación y demás acciones capaces de alterar la atmósfera o el aire: Emisión de gases, Emisiones radiactivas, Contaminación por unidades de transporte, Degradación de la capa de ozono.

E.- De las omisiones en el Estudio y Evaluación del Impacto Ambiental: Omisión de requisitos sobre impacto ambiental.

F.- De los desechos tóxicos o peligrosos: Gestión de desechos tóxicos e Introducir desechos tóxicos.

G.- De la destrucción, contaminación y demás acciones capaces de causar daño a la flora, la fauna, sus hábitats o a las áreas bajo régimen de administración especial: Incendio de plantaciones, Incendio de dehesas, Incendio de vegetación natural, Negativa de colaboración, Negativa a informar, Destrucción de vegetación en las vertientes, Difusión de gérmenes, Difusión de enfermedades, Obligación del ministerio del ramo, Propagación ilícita de especies, Actividades en áreas especiales o ecosistemas naturales, Caza y destrucción en áreas especiales o ecosistemas naturales, Daños a monumentos y yacimientos.

Por: Abg. Marcel López. 

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Desarrollo sustentable. Serie: Desafíos Actuales de los Derechos Humanos Ambientales 1/4

Porto Alegre, Brasil.

La crisis ambiental global es un tema de preocupante relevancia desde mediados de la década de 1960. El modelo económico y socio-político basado en la industrialización y el consumo a escalas nunca antes experimentas en la historia humana, hacen replantear las alternativas de sustentabilidad y sostenibilidad del desarrollo. 

La consiguiente gama de posibles vías de solución trastocan desde la estructura cultural hasta la innovación tecnológica para aprovechar de mejor manera los recursos naturales, en vista de elevar la calidad de vida y el bienestar social de las distintas naciones.

El sobrecalentamiento global, la contaminación, la deforestación, la ganadería industrializada, el uso de energías fósiles (no renovables), entre otros, son los principales problemas ambientales que evidentemente enfrentamos como sociedad. Existen iniciativas públicas y privadas orientadas a revertir el ciclo vicioso del estilo de vida occidental, en aras de afrontar el problema sin desmejorar el confort y la equidad en el acceso a los bienes y servicios que los seres humanos han alcanzado.

La preocupación internacional ha llevado a la suscripción de tratados como el Protocolo de Kioto, en un intento por disminuir las emisiones de CO² a la atmosfera causante de elevar los niveles de calor naturales o normales del efecto invernadero que hacen posible la vida en la Tierra, tesis defendida por la mayoría de los científicos y apoyada por personalidades como Al Gore; no obstante tiene detractores como el científico danés Bjorn Lomborg quien niega la teoría sobre calentamiento global.

Paradójicamente Estado Unidos es el país que mayor contaminación atmosférica produce, sin embargo fue el único que no suscribió el tratado antes mencionado. Con ello no se quiere decir que con la simple adhesión o no a determinada normativa internacional este resuelto el problema. Son las progresivas medidas y políticas aplicadas las que darán efectividad a los compromisos adquiridos por las naciones en el ámbito internacional o, a los acuerdos socio-políticos internos, he aquí los verdaderos desafíos.

Las políticas públicas factibles y efectivas en esta materia son capaces de conjugar la acción del Estado, la responsabilidad empresarial y la iniciativa de las comunidades o sociedad civil. Los desafíos en materia ambiental están enmarcados evidentemente en hacer efectivas y eficientes las distintas propuestas de acción colectiva que buscan corregir el impacto ambiental negativo no solo de las actividades económicas sino también del estilo domestico de vida.

En Venezuela la Constitución Nacional prevé en sus artículos 127, 128 y 129 el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; congrega igualmente la obligación del Estado en garantizar el uso y aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos naturales y su protección para las futuras generaciones. En ese sentido, el ordenamiento jurídico interno cuenta con la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Penal del Ambiente.

Como bien es conocido, la producción petrolera es la base económica del desarrollo nacional. La extracción, refinación, almacenamiento y comercialización de esta energía fósil -no renovable- acarrean elevados riesgos ambientales, humanos y materiales. Como prueba de ello se puede observar el fenómeno de "la lemna" en el Lago de Maracaibo (que afecta habitantes de la costa del Lago y sus pescadores artesanales), la explosión en el Complejo Refinador Paraguaná -Amuay- (con un saldo de más cuarenta fallecidos en la ciudad de Punto Fijo) o el derrame en el río Guarapiche, del estado Monagas (dejando por meses sin suministro de agua potable a la ciudad de Maturín). Otros ejemplos más cercanos fueron la deforestación del parque nacional Médanos de Coro para la construcción de viviendas y de la reserva de Monte Cano para la construcción de una "cancha comunal". En todo el estado Falcón existen casos de inadecuada ubicación de los vertederos de basura así como de recolección de la misma. 

Los verdaderos desafíos no están planteados solo desde la norma escrita, los derechos humanos son progresivos deben cambiar de acuerdo a las continuas exigencias socio-culturales y cambios político-económicos. La verdadera tarea es hacer efectiva la norma para que los ciudadanos puedan exigir con legitimidad el cumplimiento de la misma frente a los órganos del Estado, para ello es necesario involucrar el sector empresarial, a los ciudadanos y a los expertos en la materia.

- Desarrollo sustentable y sostenible como alternativa ecológicamente viable:

La sostenibilidad se refiere al hecho de que el Estado y la sociedad puedan financiar, aportar y realizar actividades, propuestas, planes o proyectos a largo plazo con el menor riesgo ambiental y de manera que el futuro los recursos puedan ser reusados o no hayan sido agotados. Mientras que la sustentabilidad es relativa a la capacidad por si misma de la acción, propuesta o plan de desarrollarse de forma auto-gestionada y con rendimientos positivos igualmente con el menor costo ambiental posible para su perduración en el tiempo.

El desarrollo sustentable y sostenible se plantea como una alternativa con visión de futuro progresista, es una propuesta socio-económica ecológicamente acertada. El desarrollo sostenible exige nuevas pautas de producción que sigan una filosofía económica descentralizada. En este sentido, se debe tomar en consideración los intereses de los inversores y de los pobladores locales con el apoyo técnico y la fuerza del Estado. 

El ahorro energético, es otro de los problemas del desarrollo. Conteniendo el consumo de energía y apostando por las energías renovables se haría el cambio. La tecnología podría tener un impacto económico importante, en especial, si esta puede ser accesible para los sectores más pobres.

Debe tomarse en cuenta las necesidades básicas y formar una ciudadanía ecológica. No todos pueden consumir a los mismos niveles. Las personas de menos recursos no podrán consumir igual que aquellas con mayores capacidades adquisitivas. Por lo tanto, como respuesta se busca reducir el consumo de aquellos sectores sociales que tienden a consumir más y para esto deben subir los costos de producción, lo que implica el costo de los derechos laborales y los derechos sociales. La ecología es una herramienta para la lucha eficiente contra la pobreza, ya que no busca reproducir los patrones de consumo en los sectores pobres.

Las empresas tienen una responsabilidad adicional con relación a los temas ambientales. Actualmente hay una tendencia de incorporar las cuestiones ambientales en las decisiones económicas. Ello se explica en que la consciencia ecológica ayuda a mejorar la imagen de la empresa e incrementa la demanda de sus productos o servicios. Además, existen nuevos productos, mercados y la eco-innovación que pueden favorecer el desempeño económico de la empresa. Es decir, la modernización ecológica beneficia a la empresa. En esta línea, se debe procurar el crecimiento, la estabilidad y el respeto por el medioambiente.

Sin embargo, los esfuerzos realizados por las empresas hasta ahora no son suficientes. Es necesario que asuman ciertas externalidades negativas (en economía, consecuencias o efectos no deseados de las actividades empresariales) como los costes ambientales, los derechos sociales y laborales. Por ello es necesario un Estado o una institución pública que sea ecológica y que tenga recursos y voluntad para ayudar a los productores. 

Como alternativa al encarecimiento, se propone apostar por el principio de eco-eficiencia. Simplemente, producir con menos recursos a precios más competitivos y por lo tanto más rentables, que a su vez pueden resultar en el incremento de la demanda y la producción. 

Es necesario también adoptar un enfoque preventivo eliminando los contaminantes no solo los desechos sólidos, líquidos y gaseosos sino también el uso indiscriminado de agro-tóxicos, transgénicos y demás productos químicos en la agro-industria causantes de la salificación de los suelos y graves enfermedades en consumidores y campesinos. Las leyes en este sentido deberían ser mucho más rígidas y contundentes acompañadas de medidas públicas más efectivas. 

Desplazar el daño una vez causado solo desplaza la responsabilidad y no soluciona el problema en su totalidad. Así, el problema se desplaza, la reparación tiene un costo que debe ser asumido por alguien y, a veces, los daños son irreversibles. Cuando el daño está por encima del punto de reparación, la vinculación con los derechos humanos de los pobladores locales es clara. 

Sofía Bordenave y Romina Picolotti (2002) en su informe sobre los Derechos Ambientales presentando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalan los 4 aspectos principales a considerar en un modelo político de desarrollo sostenible con perspectiva ecológica: “a) los principios políticos en los que descansan las políticas ambientales tienen que ver con la consolidación de las instituciones y proponer al desarrollo sostenible como una idea transversal en las políticas sectoriales; b) el refuerzo de los mecanismos internacionales de gestión ambiental pueden fomentar el bio-regionalismo y la cooperación al desarrollo, c) invertir en ciencia y, a la vez, desarrollo para el medioambiente, y, d) promover la conservación de los ecosistemas y establecer políticas sociales que luchen contra la pobreza.”. 

El modelo alternativo de desarrollo sostenible y sustentable debe ser de carácter transversal, por ello aplicado en todos los diseños y ejecuciones de políticas públicas. Del mismo modo es importante considerar los criterios de conservación de los ecosistemas, fomentando la cultural ambiental y fortaleciendo el protagonismo de los habitantes locales afectados. 

Próximo tema:  Justicia y tutela ambiental en Venezuela...

Por: Abg. Marcel López

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